El Gobierno ha aprobado una nueva línea de avales dirigida a autónomos y empresas como parte del Plan de respuesta a la guerra en Ucrania. Su primer tramo, de 5.000 millones de euros, está dirigido a los autónomos y empresas afectados por la invasión rusa, salvo a los pertenecientes a los sectores financiero y de seguros. Su gestión correrá a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en colaboración con las entidades financieras.

 En qué consiste la nueva línea de avales para autónomos y empresas

Esta nueva línea de avales va a emplearse para reforzar la liquidez de los autónomos y las empresas que se estén viendo afectados por el aumento de los precios de la energía, las materias primas o la electricidad debido a la guerra para autónomos y empresas que:

No se encuentren en situación de morosidad.

No se encuentren en proceso concursal a la fecha de firma de la operación. No estén sujetos a sanciones de la Unión Europea.

No tengan ningún proceso de ejecución de avales gestionados por el ICO en el momento de su solicitud

Características de los avales

Con el aval se va a garantizar hasta el 80% de los nuevos préstamos de las operaciones solicitadas con un importe máximo avalado de hasta 400.000 euros con carácter general, o 35.000 euros para empresas del sector primario, acuicultura o pesca, en una o varias operaciones de préstamo. El aval tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de 10 años. Con respecto a préstamos de mayor volumen, el aval podrá garantizar hasta el 80% del importe del crédito para autónomos y pymes, y hasta el 70% para el resto de empresas. Aunque, en estos casos, el importe total del préstamo:

No podrá ser mayor del 15% del volumen de negocios anual medio total del beneficiario durante los tres últimos ejercicios.

O no podrá ser mayor del 50% de los costes de la energía en el año anterior a la solicitud del préstamo.

En estos casos, para dicho préstamo el aval coincidirá también con el plazo de amortización de la operación, que será de hasta ocho años. A solicitud del deudor, todas las operaciones contarán con un periodo de carencia inicial del principal de 12 meses, y las entidades financieras tendrán que mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 31 de diciembre de 2022. Además, deberán aplicar los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de sus clientes y no podrán condicionar la aprobación de dichos préstamos a la contratación de ningún otros servicio o producto por parte del cliente.